La Ley General de Desarrollo Social se publicó en enero del 2006. En ese mismo año se publicó el Reglamento. Previamente en el 2004, en el Diario Oficial de la Federación ya se habían publicado los Decretos para Regular la Comisión Nacional de Desarrollo Social y para crear el Consejo Consultivo del Desarrollo Social. Todo esto durante el gobierno de Vicente Fox Quezada.
Con la eliminación del Instituto de Desarrollo Social (INDESOL) el pasado 31 de diciembre, se eliminó una herramienta importante para los distintas instituciones ciudadanas que, indistintamente en alianza con los gobiernos federal, estatal y municipal, cumplían con proyectos en beneficio de los grupos que trabajaban para solucionar necesidades distintas de las comunidades mexicanas.
No es noticia nueva decir a los lectores de Red Social que en la actualidad el gobierno federal está buscando la forma de “acomodar” al INDESOL, de la mejor manera para que siga funcionando. Y también cómo operará en el presente año, puesto que presupuesto y reglas fueron publicadas en la Ley de Egresos desde el 2021 para ser cumplidas en el presente año. No es ninguna novedad, así ha sido la costumbre en los distintos niveles de gobierno.
Esto no debe sorprender, pues el actual gobierno federal llegó cambiando nombres a algunas de las Secretarías, y ubicaciones, trasladándolas a distintos estados, para “descentralizar” los servicios. También en Tijuana lo hicieron pues la antigua Secretaría de Desarrollo Social, fue dividida en dos: las instalaciones de la Secretaría quedaron en Palacio Municipal y la Dirección de Desarrollo Social fueron enviadas a la 2ª Sección de la Canalización del Río. Traen de un lado a otro para completar un trámite.
En el caso del INDESOL, su regulación está siendo “revisada” por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER). Y por lo pronto los programas, recursos, documentos, acervos y personal deberán pasar en cuanto le encuentren “la cuadratura al círculo” a una Unidad de la Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social de la Secretaría de Bienestar. Hasta entonces en INDESOL se realizaran todos los trámites acostumbrados: Informe Anual y Registros (nuevos), entre otros.
Se debe tener presente que cualquier cambio en los reglamentos, programas o lineamientos de operación en la administración pública deben someterse a revisión de la CONAMER. Por supuesto que cualquier institución, en este caso las Organizaciones No Gubernamentales, pueden emitir consideraciones sobre INDESOL. Antes de ese drástico cambio, advirtieron que desaparecer al Instituto, significaría un retroceso y aún con la discrepancia jurídica o falta de certeza, en estos movimientos, el 31 de diciembre pasado, INDESOL desapareció.
NO RESULTÓ SORPRESA,
INDESOL AMENAZADO DE MUERTE
El ataque frontal empezó el 14 de febrero del 2019, cuando el presidente de la república publicó la Circular número uno documento en el que instruyó a toda la administración pública federal a no asignar presupuesto a ningún organismo social, sindical, civil o movimiento ciudadano. La finalidad era terminar con la intermediación que ha originado discrecionalidad, opacidad y corrupción.
En el 2019 desapareció el Programa de Coinversión Social, con el que el gobierno federal financiaba proyectos sociales dirigidos a apoyar a la población en situación de pobreza, exclusión, marginación, discapacidad, desigualdad por género o vulnerabilidad “y los recursos aprobados para ese año, 136 millones de pesos, se entregaron a comunidades indígenas sin intermediarios”, decía la orden.
Y si todo eso le pareció poco al señor presidente, en el año 2021, él mismo promovió una reforma ante el Congreso para modificar el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para reducir las deducciones personales por donativos a Organismos Civiles lo que está afectando ingresos de más de cinco mil instituciones (OSC) de todo el país que recibían donativos de personas físicas.
Entre los grupos de la ciudad de México, trascendió que en este año 2022 la Secretaría de Gobernación, presentará ante la Cámara de Diputados un proyecto para abrogar la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por los Organismos de la Sociedad Civil, vigente desde hace 17 años, que regula la relación entre gobierno y los OSC.
Este gobierno del partido Morena (Movimiento de Regeneración Nacional) se adjudica la exclusividad para realizar acciones de desarrollo social. Con ello niega una realidad: ni en años pasados ni en el actual, el gobierno federal ha podido llegar a todos los rincones de la república para resolver problemas sociales. El voluntariado responde rápido, atiende los problemas sociales que los distintos gobiernos no ven o no pueden resolver.
Ejemplos hay muchos, el problema es que muchos funcionarios públicos, empezando con el Presidente de la República, no han trabajado en este sector, desconocen los esfuerzos y por lo mismo no están solidarizados con las personas que sufren con los problemas de pobreza y marginación. A los cuales no llegan con la rapidez y eficacia las ayudas para sobrevivir. (lep)
Lic. María Angélica Luna Parra (QEPD)
Leticia Montemayor llegó a la dirección del INDESOL a fallecimiento de la Lic. María Angélica Luna Parra en el 2017. A quien reconoció “En mi trabajo diario estará presente la trayectoria de una mujer incansable con el compromiso de luchar por las causas sociales” Y enfatizó: “Las políticas de desarrollo social serán efectivas, en la medida que se sustenten
en la participación social, el derecho de las personas para organizarse y en la contribución de los actores sociales en la formulación, ejecución y evaluación de los programas para el desarrollo social”.
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