Opiniones de Directivos
Por: EVA SOLÍS*
El 17 de enero de 2016 es la fecha límite establecida por las autoridades estatales para que las casas hogar y orfanatorios cumplan con las nuevas disposiciones, que están contempladas en la Ley de Instituciones de Asistencia Social Privada para Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Baja California.
En una encuesta realizada por Red Social a los directivos de casas hogar y orfanatorios, los entrevistados coincidieron en que la nueva legislación – que entró en vigor en mayo pasado- busca la protección de los menores y tiene aspectos positivos.
Sin embargo, consideran, hay obstáculos –sobre todo económicos- para que las Instituciones de Asistencia Social Privada (IASP) para Niñas, Niños y Adolescentes puedan cumplir con todos los requerimientos.
A pesar de que hay instituciones que tienen varios años protegiendo a menores abandonados, apenas cuentan con los recursos económicos para cubrir los servicios básicos como casa, alimentación y educación para los infantes.
Agregan que el apoyo económico que reciben de las autoridades –municipales, estatales o federales- es bajo en comparación con las necesidades que tienen que cubrir como es el pago de servicios, con excepción del agua y de sueldos.
Con un gasto promedio de más de 60 mil pesos al mes, la mayoría de los recursos económicos que obtienen las casas hogar proviene de donativos locales o extranjeros, y en menor proporción de las autoridades.
Reconocen que hay aspectos positivos que contempla la nueva ley como el compromiso de las autoridades de proporcionar capacitación a las IASP y llevar un registro de las casas hogar que existen en la entidad.
Otro de los aciertos es el registro de los menores en las IASP, donde deberán tener su expediente, con fotografías actualizadas cada seis meses, cartilla de vacunación, ingreso y egreso de la institución y las causas, entre otras.
La ley contempla que las autoridades tengan conocimiento de las personas que van a trabajar o participar como voluntarias en las IASP, así como las causas por las que se les diera de baja, y se les podrá negar el ingreso a estas instituciones si no cumplen con el perfil requerido.
Los entrevistados coincidieron en que requieren apoyo de las autoridades para cumplir con las nuevas disposiciones, ya que de lo contrario, no podrán seguir operando si llega la fecha límite y tendrán que cerrar, lo que generará un problema social porque esos niños no tendrán a dónde ir. (E. S.)
Casa Hogar Juan Bosco
Desde hace 32 años funciona en Tecate y atiende a 44 niñas y niños de dos hasta 17 años de edad.
“Ha habido foros para el estudio de la ley. Sin embargo, la autoridad se está viendo muy autoritaria con las instituciones para el cumplimiento de deberes y no hay una corresponsabilidad de su parte. Recordemos que el Estado es el garante de la seguridad de los menores, y en la nueva ley está muy generalizada la participación del Estado. No hay corresponsabilidad, debería de haber igualdad de responsabilidades y la ley está muy supervisora de nuestras actividades y lo que corresponde al apoyo de las dependencias gubernamentales queda al si se puede, como es la aportación de recursos de cada menor que vive en una casa hogar; el apoyo de cursos y capacitación de las diversas dependencias y la profesionalización de la operación de una casa hogar, entre otros aspectos. Nos marcan periodos de cumplimiento de deberes y hablan de un Consejo Consultivo, que todavía no se ha conformado, y a nosotros ya nos están pidiendo regularizarnos. Tampoco se ha emitido el reglamento a la ley, que marque el criterio de lo que la ley no deja claro, y en cambio a nosotros nos ponen límites y fechas para cumplir con las disposiciones. Somos equipo de trabajo y necesitamos estar en corresponsabilidad para la protección del menor. Pedir periodo de gracia para cumplir o que la autoridad realice algunas modificaciones. El propósito de la ley es beneficiar al menor, pero en equipo, no haciendo que las casas hogar sean las responsables. Hay aspectos positivos en la nueva ley, como llevar un registro de las casas hogar, notificar a las autoridades las salidas de los menores, entre otros. Esperamos que Dios permita que las cosas funcionen de la mejor manera”.
Casa de Cuna Troncoso y Berruecos A.C.
Tiene 66 años de servicio en Tijuana y atiende a 85 niñas y niños de meses y hasta seis años de edad. Dan el servicio de guardería y kínder. Estos niños, en su mayoría, son hijos de padres o madres solteras.
“Cada vez las autoridades son más estrictas con las instituciones que tenemos varios años trabajando y que hemos demostrado ser confiables, y cada vez se nos apoya menos. Tenemos gastos mensuales para pagar el sueldo de diez personas que laboran en esta casa, así como el Seguro Social, la luz y el gas. Recibimos apoyo, pero son más los gastos que tenemos. Desde hace mucho tiempo cumplimos con disposiciones que apenas contempla la nueva ley. Ya no les pido nada a las autoridades, porque nada le dan a uno. Hay muchas instituciones que han surgido recientemente y que solo representan a un grupo de personas, que han recibido el apoyo gubernamental y las autoridades ni siquiera conocen el trabajo que realizan. Desarrollo Social del Estado debería tomarse la molestia de investigar y ver el servicio que dan.”
*Este medio informativo especializado en el Tercer Sector y comprometido para dar voz a las inquietudes de quienes aportan sus esfuerzos en los Organismos de la Sociedad Civil, de inmediato proyectó las preocupaciones sobre esta Ley patrocinada por el gobierno de Francisco Vega. Aquí presentamos dos opiniones que en su momento de publicación fueron muy contundentes.
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